Será obligatorio dar negativo 72 horas antes de llegar al país por puerto o aeropuerto.
España impondrá la obligatoriedad de una prueba PCR negativa 72 horas antes de la llegada a todos los viajeros procedentes de países de riesgo por coronavirus. Así lo ha anunciado este miércoles el Ministerio de Sanidad después de que su titular, Salvador Illa, se lo haya comunicado a los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La medida entrará en vigor el 23 de noviembre.
En el caso de los países europeos y de la zona Schengen se seguirá el mapa de riesgo que elabora el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Según el último informe de este organismo, todos estos países están en máximo riesgo, excepto Noruega, Finlandia y Grecia, que serían a priori los únicos exentos de presentar la prueba. Para terceros, la referencia será la incidencia básica acumulada por 100.000 habitantes en 14 días (que debe superar los 150 casos por 100.000 habitantes). Según los datos del ECDC, superan estas tasas EE UU, Colombia, Panamá, Belice, Costa Rica, Argentina, Marruecos, Túnez, Libia, Siria, Irán, Rusia, Azerbaiyán y Georgia. Es posible que para viajeros de otros países con menores incidencias pero muy baja capacidad de detección también sea obligatoria la prueba, la que el dato de la incidencia acumulada se complementará con las capacidades instaladas.
En el Formulario de Control Sanitario que todo pasajero debe cumplimentar antes de su entrada en el país por puerto o aeropuerto, tendrá que responder a partir del 23 de noviembre a la pregunta de si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. Las autoridades podrán solicitar al pasajero la acreditación del resultado de la prueba. El documento deberá ser el original, redactado en español o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico, según indica Sanidad.
Canarias, la comunidad autónoma menos azotada por el virus, ya ha puesto en marcha una iniciativa para que los turistas que llegaran a la isla tengan que someterse a pruebas antes de llegar. Aprobó la medida el 29 de octubre y entrará en vigor el 14 de noviembre. Establece que sin test negativo hecho con un máximo de 72 horas de antelación, los turistas no serán admitidos en un hotel, apartamento o vivienda vacacional. En este caso, afecta tanto a los nacionales como a los extranjeros.
La utilidad de esta medida es en cualquier caso, discutida. Como explica Pedro Gullón, vocal de la Sociedad Española de Epidemiología, con ella evitas contagios en el vuelo, pero “nadie puede asegurar que esa persona no esté incubando el virus y lo propague en su destino”. Es una forma de limitar la llegada de asintomáticos, pero no supone una garantía que evite la entrada del patógeno en el país. “Sería más útil si además de la PCR negativa, impones una cuarentena de 10 días en el destino”, señala Gullón. Esto es lo que están haciendo los países asiáticos que mejor han controlado la epidemia: test en origen y cuarentena obligatoria.
Según el ministro Illa, que ha comparecido ante los medios tras el consejo interterritorial, la posibilidad de la cuarentena se valoró en conversaciones de los socios europeos, pero se descartó y se optó limitarla a la prueba negativa. Tampoco se contempla exigirla a las personas que lleguen por tierra ni está sobre la mesa que las otras comunidades imiten a Canarias y la exijan a otros viajeros procedentes de España para alojarse en hoteles o viviendas turísticas.
La medida está sobre la mesa desde hace meses. La viene reclamando desde la desescalada la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que a ha celebrado. En verano se optó por permitir la entrada de turistas sin pruebas para no perjudicar al sector. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ya anunció en septiembre que hacer pruebas a terceros países era una precaución que se estaba valorando en el ámbito europeo y que ella, junto a sus homólogos, iban a trasladar a la Comisión. A finales de ese mes, nueve Estados miembros —Austria, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, liderados por España— suscribieron una declaración conjunta para solicitar medidas uniformes en el movimiento de personas por la UE y a su entrada, pero sin mencionar explícitamente las pruebas PCR. Más tarde, el 13 de octubre, el Consejo Europeo emitió la recomendación en la que se basa la medida que ahora se anuncia. Illa ha recordado que, en cualquier caso, solo el 0,08% de los casos detectados son importados de otros países.
