El magistrado Ramón Arístides Madera Arias, consideró este lunes que la vinculación de políticos ligados a actividades ilícitas en las cuales están involucradas personas dedicadas al narcotráfico y a otras personas relacionadas con el crimen organizado, que adquieren dinero sucio, se hace necesario consagrar el “voto obligatorio” en una futura reforma a la Constitución de la República Dominicana.
Estimó básicamente que la legislación electoral tiene cierta falencia en dos aspectos: Primero, que la campaña electoral en República Dominicana es demasiado cara, y aunque el voto preferencial es bueno y es más democrático, sin embargo, en la sociedad dominicana ha resultado ser dañino y nocivo, porque las personas que tienen condiciones moral, intelectual, compromiso con la sociedad, que tienen vocación de servicios, se le dificultad grandemente poder ser escogido en un cargo de elección popular porque la campaña es muy cara, y existe lo que se llama una política clientelar.
En segundo lugar, Madera Arias explicó que, el sistema anterior de lista cerrada y bloqueada puede ofrecer, senadores, diputados, regidores, alcaldes y en todos los cargos de elección popular a representantes de mejor calidad, pero entiende que ese sistema no es democrático y viola la Constitución de la República, porque se le viola al pueblo… como es el espíritu y la esencia de un Estado Social y democrático de derecho.
Considera que es lógico que se debe de implementar en la Constitución de la República que el voto sea obligatorio, y de esa manera las personas se ven compelidas a acudir a las urnas a ejercer su derecho ciudadano, sin tener que darle un centavo a nadie, con lo que se abarata el costo de la campaña electoral, no se infiltran narcotraficantes, ni riferos, ni delincuentes a ocupar cargos de elección popular, ni los candidatos tienen que buscar patrocinios de personas ligadas al crimen organizado y al lavado de dinero sucio, con lo que se contribuye a salvar a la democracia y a adecentar el País.
Recordó que para ganar una candidatura a regidor aquí en el Distrito Nacional y otras demarcaciones hay que gastar necesariamente más de 5 millones de pesos, para una candidatura a diputado en una demarcación pequeña como Pedernales y Montecristi hay que gastar de 15 a 20 millones de pesos.
“Aquí en el Distrito Nacional hay persona que han gastado de 30 a 100 millones de pesos para ganar una diputación, aunque no siempre es así, porque hay persona que se convierten en fenómeno popular y que son favorecidos por el voto mayoritario”, indicó el también ex juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Destacó que al ser una campaña tan costosa y tratarse de una campaña clientelista, la persona para emitir su voto lo primero que hace es que tienden las manos para que le paguen por adelantado para vender su voto o no acude a los colegios electorales y se hace difícil ganar y recurren al patrocinio de narcotraficantes o lavadores de activos provenientes de actividades ilícitas, así como también de otros sectores, que los puedan patrocinar, o se postulan ellos mismos, porque una persona seria y que se gana el pan con el sudor de su frente, no pueden solventar la carestía de una campaña política.
Significó que cada día la abstención es mayor, por lo que manifestó que se hace necesario que para que una persona pueda ganar se debe buscar el patrocinio del que se lo gana fácil, del narcotraficante, de banqueros o rifleros, de lavadores de activos, de quienes se benefician de tratas de personas y de cualquier otra actividad ilícita o violatoria de la ley.
Narcotraficantes aprovechan y aspiran a senadores
El ex procurador adjunto recordó que debido a que la campaña electoral es tan costosa “muchos narcotraficantes, personas que han tenido fortunas sucias, dinero mal habido, aprovechan y aspiran a senadores y diputados, como una forma de buscar impunidad, de sentirse jefe, de sentirse grandes, porque realmente como son persona con poder económico tienen la posibilidad de gastar mucho dinero, porque la política dominicana es clientelista”.
Ramón Arístides Madera Arias expresó a través de un comunicado de prensa que, por los motivos referidos anteriormente, considera que es lógico que el voto sea obligatorio, de esa manera las personas se ven obligada a acudir a ejercer su derecho ciudadano.
“Y los aspirantes, personas humilde, pobre, bien intencionada, con capacidad, principios, valores, con muchas propuestas, con compromiso con el pueblo, la niñez, con los minusválidos, con los indigentes, las madres solteras, con niños huérfanos y con un mejor país, e indiscutiblemente que pueden acceder a cargos de elección popular, porque el voto sería obligatorio y no habría que darle ningún centavo a nadie”, subrayó el magistrado.
No obstante, indicó que, con esta campaña tan cara, como la que existe en la República Dominicana es difícil que pueda ganar una persona sin que sea permeado por el narcotráfico, los riferos banqueros o personas de dudosa reputación o que sea patrocinado.
Destacó que hay personas que quieren aspirar a un cargo político en provincias pequeñas como: Elías Piña, Montecristi, Dajabón, Independencia y Monte Plata, entre otras, y recurren al patrocinio de narcotraficantes o depravadores de activos, así como también otros sectores, que puedan patrocinar, o se postulan ellos mismos, porque no pueden solventar la carestía de una campaña política.
“Por eso mi sugerencia y mi propuesta es que se modifique la Ley Electoral para que se mantenga el voto preferencial y que se consagre en la Constitución dominicana el voto obligatorio, como una solución para evitar que la campaña electoral sea financiada y permeada por el narcotráfico y el dinero sea mal habido, aunque la votación siga siendo libre, directo, personal y secreto, pero no voluntario”, sostuvo Madera Arias.
Resaltó que ya con esa situación, se trae un régimen de consecuencia, indiscutiblemente, se acaba el relajo y la campaña electoral no sería costosa.
Aseguró que, con la modalidad del voto obligatorio, serán elegidos un congreso, una sala capitular, alcaldes y otros funcionarios escogidos con el voto popular, a personas de mejor calidad profesional, social, ética y moral, y la actividad política no será permeada por el dinero corruptor, porque las personas estarán obligadas como era antes a votar por su conciencia no por el voto comprado.