La procuradora general Miriam Germán Brito reafirmó este viernes el compromiso del Ministerio Público con el combate a la trata de personas y delitos conexos, al recibir un reconocimiento de la Misión Internacional de Justicia (IJM), cuyo reciente informe evidencia una sustancial reducción en la prevalencia de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana.
“Estamos, pues, comprometidos en no dejar este delito impune en el país”, manifestó, al pronunciar un discurso durante la presentación de un estudio de la IJM, sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana (ESCNNA).
El levantamiento, realizado en 20 ciudades de República Dominicana, evidencia una mejora en la eficacia de la labor del Ministerio Público y en la cantidad de condenas por explotación sexual comercial infantil, lo que la organización atribuye a una mayor proactividad en la prevención y persecución de este ilícito, considerado una de las peores formas de abuso contra los niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, la magistrada Germán Brito recibió un reconocimiento a la Procuraduría General de la República por “el compromiso y gran labor en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil, que ha contribuido a la reducción de la prevalencia delictiva en la República Dominicana”.
“El Ministerio Público logró 11 veces más casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y de trata de personas con fines de explotación sexual si comparamos el período 2018-2021 al de 2010-2013”, expuso en el acto José Monteiro, director de país de IJM, República Dominicana. “Procuradora, yo la felicito y felicito también al Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, por este importante logro para el país”, expresó a Germán Brito el representante de la organización no gubernamental dedicada a la cooperación con el sistema de justicia.
En tanto que la procuradora general expresó: “Agradecemos el reconocimiento a la labor que estamos desempeñando en el Ministerio Público, en especial la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Trata de Personas (PETT), y lo acogemos con el sentido de compromiso que demandan las circunstancias para seguir trabajando contra la impunidad”. Y agregó: “En el futuro, yo aspiro a vivir en una sociedad donde los seres humanos no sean mercancías”.
En ese sentido, resaltó el fortalecimiento del rol de la PETT, reconociendo la labor de su titular, la magistrada Yoanna Bejarán Álvarez, al destacar el avance en la persecución del delito, “logrando importante rescate de mujeres víctimas de ese flagelo, procesar a los responsables y procurar tener condenas que mandan un mensaje alto y claro contra quienes pretenden lucrarse con esta criminal actividad”.
“Agradecemos la colaboración de IJM en el fortalecimiento institucional del rol del Ministerio Público para el abordaje de este delito, la representación legal gratuita ofrecida a las víctimas de trata y el apoyo para la implementación de sistemas tecnológicos que harán más eficiente el trabajo de nuestra institución, de cara a las necesidades de la sociedad dominicana”, manifestó la magistrada Germán Brito, durante su intervención en la actividad, que contó con la participación de la primera dama Raquel Arbaje; el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez; el director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, y Pablo Villegas, presidente regional de Latinoamérica de IJM.
En el evento, que se desarrolló en el Hotel Embassy Suites del Distrito Nacional, con la participación de la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Luisa Ysabel Ovando de Sánchez, y Mónica Infante, del IJM, se destacó la significativa reducción de la explotación sexual de mujeres y NNA.
El informe presenta los resultados de prevalencia en 2022 en contraste con los obtenidos en 2014, pasando de 10.0% a 2.2%. “Esto significa que, en el transcurso de ocho años, la prevalencia de ESCNNA es un 78.0% menor a la encontrada en 2014”, refiere.
Resalta, además, un incremento en la calidad de los casos presentados. De 2010 a 2013, solo 14% de las acusaciones presentadas por fiscales superó una evaluación de calidad, mientras que un 60% la superó de 2018 a 2021. En cuanto a la conclusión de los procesos judiciales, entre 2018 y 2021 se observó nueve veces más condenas para los delitos de este tipo que de 2010 a 2013, al pasar de dos a 28, según el estudio.
