La revisión de medida de coerción de los imputados en el caso Coral fue aplazada para el 27 de agosto a las 9:00 de la mañana porque la jueza encargada conocía la audiencia de manera virtual y la defensa pide la presencialidad.
Según se dio a conocer, la magistrada Keila Pérez, del Primer Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional, presenta una condición de salud y sus médicos le recomendaron no subir a estrado hasta que no complete el esquema de vacunación contra el COVID-19.
A su salida del juzgado, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que es justo señalar que se depositaron ante la Secretaría del tribunal nuevos presupuestos del Ministerio Público.
Estas pruebas fueron resultado de la investigación del órgano acusador y que, según Camacho, dan muestra de que la situación de los imputados en el proceso es más compleja que al inicio.
Asimismo, señaló que el Ministerio Público entiende que la medida de coerción dictada por la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, debería mantenerse.
Camacho manifestó que el caso Coral sigue evolucionando porque se han ido identificado nuevos bienes y pruebas, al tiempo que sostuvo que las investigaciones deben medirse por los resultados.
Por otro lado, se refirió a la Cámara de Cuentas y las indagatorias que la PEPCA llevaba a cabo contra sus exmiembros, y dijo que solo las evidencias determinarán si se llevará el caso a los tribunales.
El mayor general Adán Cáceres Silvestre figura como principal acusado en el expediente del caso, también se encuentran la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora.
Igualmente, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada de la República, Alejandro José Montero Cruz.
