La Policía Federal de Brasil detuvo este viernes a un «hacker» acusado de filtrar los datos personales y fiscales de unos 223 millones de brasileños, entre ellos los de varias autoridades públicas del país.
El sospechoso, conocido en la red con el seudónimo de Vandathegod, fue arrestado de forma preventiva en la localidad de Uberlandia, en el estado de Minas Gerais, sureste del país, según informaron fuentes de la Policía Federal.
La detención se dio en el marco de la operación «Deepwater», que investiga la sustracción, divulgación y comercialización de datos de 223 millones de brasileños, tanto vivos como muertos, que sucedió el pasado mes de enero.
El «hacker» detenido este viernes es apuntado como el principal responsable de la que es considerada como la mayor filtración de informaciones de la historia del país, así como de poner a la venta parte de ellas a cambio de criptomonedas.
Asimismo, la Policía Federal informó por medio de una nota que identificó a un segundo «hacker» que también «estaría vendiendo esos datos a través de sus redes sociales».
Los agentes cumplen además cinco órdenes de allanamiento en los municipios de Petrolina, en el estado Pernambuco (nordeste), y Uberlandia, donde se produjo la detención.
Las órdenes judiciales fueron expedidas por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.
El caso fue revelado por el diario O Estado de Sao Paulo a partir de la alerta de una empresa especializada en ciberseguridad.
Los datos, entre los que figuran nombres, direcciones, salarios, fotografías y declaraciones de la renta, fueron extraídos ilegalmente y divulgados en la internet profunda, cuyo contenido no está indexado por los motores de búsqueda convencionales.
Según O Estado de Sao Paulo, entre las autoridades que tuvieron sus datos expuestos están el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, los once magistrados de la Corte Suprema y los expresidentes de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y del Senado Davi Alcolumbre.
En los últimos meses, diversas instituciones brasileñas han sido también objeto de ataques cibernéticos, como el Ministerio de Salud y el Tribunal Superior Electoral.
