Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitido este viernes indicó que en Nicaragua existen al menos 125 ciudadanos encarcelados por su manera de pensar.
De acuerdo con el informe, que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 115 personas permanecen en prisión como “presos políticos” desde las protestas contra el presidente Daniel Ortega en 2018, otras nueve están encerradas desde 2014, y una desde 2011.
En el último mes fueron capturados 12 ciudadanos, de los cuales solamente uno fue reconocido como “preso político” por el Mecanismo, ya que siete fueron liberados en las 24 horas posteriores, y los otros cuatro permanecen en estudio.
Entre los “presos políticos” capturados en el marco de la crisis sociopolítica que inició en 2018 hay 111 hombres, cuatro mujeres y una transexual encerrada en un penal de varones, de acuerdo con el informe. El 39 % de los reos lleva entre dos y tres años en prisión, agregó.
La nueva lista, considerada preliminar debido a la frecuencia con que ocurren las capturas, mostró un incremento de cuatro “presos políticos” con respecto a la emitida un mes atrás, ya que incluye tres casos confirmados que se venían investigando desde meses anteriores, más el reo confirmado del grupo de 12.
Los “presos políticos” a menudo enfrentan juicios por “posesión o tenencia, o tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, robo con violencia o intimidación, tentativa de homicidio y tráfico, tenencia y uso de armas restringidas”, detalló el informe.
Asimismo, resaltó que estos sufren “violencia de género, discriminación en otorgamientos de indulto, falta de asistencia médica, e inseguridad en las celdas”.
En el caso de las mujeres que son capturadas, “las agresiones más recurrentes consisten en violencia sexual relacionada con desnudos y tocamientos, de índole verbal relacionada con amenazas de violaciones, y simbólica”, destacó el informe, que además recalcó que se trata de prácticas que se extienden a las familiares de todos los “presos políticos”.
La lista, considerada por los organismos de derechos humanos como una “evidencia de que en Nicaragua existen personas presas políticas”, es nutrida por ONGs, familiares de opositores presos, y activistas, que dan seguimiento a denuncias de capturas relacionadas con el contexto de crisis en Nicaragua.
La misma es apoyada por la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos (AFPP), Comité de Familiares Pro Libertad de Presas y Presos Políticos (CLPP) y Organización de Víctimas de Abril (OVA).
Desde 2018 Nicaragua atraviesa una crisis que, según la CIDH dejó 328 muertos en 2018, aunque organizaciones locales elevan la cifra hasta a 684 a 2020, mientras que Ortega ha admitido 200 víctimas, y sostiene que se defendió un “golpe de Estado fallido”.
Se trata del peor conflicto interno de Nicaragua desde los años 1980 a 1990, también con Ortega como presidente.
