La subcomisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar los artículos del Código Penal, aprobado en primera lectura en abril pasado por el hemiciclo, informó que ha recomendado aumentar de cuatro a 10 años la pena que se impondría a los culpables de «corrupción administrativa grave».
Asimismo, que para la persona hallada culpable de «corrupción administrativa muy grave» la sanción sería de 10 a 20 años de reclusión y su «inhabilitación absoluta» para ocupar cargos en el tren gubernamental.
De acuerdo a un documento divulgado este lunes por la Cámara de Diputados, los comisionados también han recomendado que el Código Penal a ser aprobado en segunda lectura incluya la «imprescriptibilidad» de la corrupción.
La subcomisión, que concluyó la revisión del Código Penal, propondrán al pleno que aquella persona condenada por corrupción «muy grave» tenga la obligación de devolver al Estado entre cuatro y diez veces el valor de lo robado.
«Estamos creando un precedente, la imprescriptibilidad de la corrupción para cualquier funcionario que toque el erario», dijo el presidente de la comisión, Alexis Jiménez, quien adelantó que también se ha propuesto castigar en el Código Penal la tortura y los tratos degradantes, así como la explotación infantil en materia deportiva, artística y laboral.
Jiménez afirmó que el lunes venidero entregarán su informe final a la Comisión Permanente de Justicia, que lo revisará y apoderará al pleno de la Cámara de Diputados para su conocimiento y eventual aprobación en segunda lectura.
El 28 de abril último, la Cámara de Diputados de aprobó en primera lectura el proyecto de reforma al Código Penal que, entre sus novedades, está la de despenalizar el aborto en el caso de riesgo para la vida de la madre.
