Los abogados del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez solicitaron este lunes la recusación de varios fiscales implicados en su acusación, por una supuesta incompatibilidad.
Entre ellos se encuentran Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho, Mirna Ortiz, Luisa Liranzo y Juan Medina, según un comunicado del consejo de defensa del exprocurador.
Según alegan, los procuradores debieron inhabilitarse desde el inicio del caso «por los vínculos laborales que existían» y por «la incapacidad para llevar el caso de manera objetiva», ya que son «parte interesada».
La ley del Ministerio Público establece en su artículo 80 que los fiscales se deben inhibir si tienen relación laboral con el investigado, según alega la defensa de Rodríguez.
Sin embargo, la operación Medusa, que investiga la supuesta red de corrupción presuntamente liderada por el exprocurador, fue puesta en marcha en junio de 2021, diez meses después de que Rodríguez dejara su cargo.
La defensa del exprocurador también alega a Reynoso, Camacho y el resto de los fiscales «son parte interesada» porque trabajaron en la Procuraduría General de la República (PGR) en la época en la que supuestamente se cometieron los hechos delictivos.
En la solicitud de recusación, se señala que Reynoso fue la fiscal titular del Distrito Nacional y por lo tanto estaba encargada de adquirir bienes tecnológicos por un monto de 2.5 millones de pesos, en un proceso de compras que está siendo investigado en el caso Medusa por supuestamente no cumplir con los debidos procedimientos.
También alega que, en el caso de Reynoso y Camacho, «han mantenido como conducta común una animadversión subjetiva» contra Rodríguez, algo que los inhabilitaría, puesto que la ley también contempla la recusación de los fiscales en el caso de que exista una «enemistad» con el investigado.
Según la acusación, los implicados en el caso Medusa integraron una red criminal de corrupción que operó desde la PGR y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
Rodríguez y sus colaboradores son acusados de delitos como lavado de activos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, entre otros.
