Cinco casos de presunta corrupción administrativa se debaten en los tribunales de justicia, sumando un total de 42 personas a las que la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de delitos como coalición de funcionarios, lavado de activos, estafa y sobornos, entre otras agresiones contra el Estado.
Dando como resultado que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público tengan a disposición 40 fiscales y otros 30 investigadores, para hacer frente a esos casos, así como para apurar las diligencias de más de 500 averiguaciones que tienen en curso.
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, aseguró que el equipo debe trabajar 12 horas, seis días a la semana para poder dar respuesta a cada caso judicializado o en proceso de investigación, y es su caso particular o de la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, las jornadas pueden ser un poco más amplias.
“Los equipos tienen plazos administrativos para ejecutar sus tareas, a fin de poder tener listos los procesos en el menor tiempo posible”, indicó Camacho.
Explicó, además, que cada equipo se organiza por caso y dentro de ellos cada integrante hace de todo, sea investigar o litigar en los tribunales. Los fiscales de la Pepca y de Persecución cuentan con el apoyo de los miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, que tiene más de 30 miembros formados por el FBI y está compuesta por abogados, psicólogos, contadores, entre otras disciplinas.
De los casos en curso, solo el juicio contra las seis personas acusadas de recibir sobornos de parte de la constructora Odebrecht se encuentra en fase de juicio de fondo, los demás están en la fase inicial.
Antipulpo se dio a conocer en diciembre de 2020, donde la Pepca solicitó medidas de coerción contra 11 personas incluidas dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, así como varios exfuncionarios de esa gestión.
Mientras que, en mayo de este 2021, inició la Operación Coral, donde se produjo el arresto de seis personas, y un mes después, en Operación 13, se arrestó a 10 personas acusadas de un sorteo que se alega fue fraudulento, incluido el propio director general de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.
Y en la más reciente Operación Medusa se apresó a el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a otros 7 imputados.
