Un grupo de 14 mujeres presas en una cárcel migratoria del sur de Estados Unidos que fueron sometidas a procedimientos ginecológicos no consentidos e invasivos, incluyendo operaciones, denunciaron al médico que las atendió en una demanda colectiva.
«Los abogados que representan a las mujeres que sufrieron abusos médicos en el Centro de Detención del Condado de Irwin introdujeron una demanda colectiva y una queja en nombre de 14 mujeres», informó este martes la abogada Sirine Shebaya.
A mediados de septiembre, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que en la prisión migratoria de Irwin, en Georgia, que está gestionada por privados, había una elevada tasa de histerectomías o extracciones de útero.
Según las informaciones, este centro envió a muchas mujeres a ver a un ginecólogo particular fuera del centro, y algunas migrantes expresaron que desconfiaban de el médico.
Esta denuncia nació del testimonio de una enfermera que trabajó en el centro y que relató la alta «tasa de extirpaciones del útero» a detenidas y episodios como el de una migrante a la cual el médico le extirpó el ovario equivocado cuando iba a intervenirla por un quiste.
«Todas ellas fueron sometidas o se les ordenó que se sometieran a procedimientos ginecológicos no consentidos, que no estaban indicados desde el punto de vista médico y que son invasivos y fueron realizados por Mahendra Amin», denunciaron los abogados en una demanda interpuesta en Georgia en la noche del lunes.
Según la demanda, «en muchos casos, los procedimientos ginecológicos ejecutados por el acusado contra las demandadas equivalen a actos de agresión sexual».
Varias migrantes señalaron haber sido víctimas durante su vida de abusos sexuales y señalaron que los exámenes con el médico acusado les recordaban sus traumas.
Una de las mujeres describió el proceso como «la forma más medicalizada en la cual uno podría experimentar la violación».
– Se despertó sin ombligo –
Una de las migrantes contó en la demanda que fue operada de un quiste y que se le obligó a firmar un consentimiento sin leerlo. Cuando se despertó, ya no tenía ombligo y tenía una hendidura en el abdomen.
La mayoría de las demandantes siguen presas en la cárcel migratoria, unas pocas fueron liberadas y una fue deportada a México después de que denunciara la situación.
Esta mujer 28 años se salvó de una histerectomía no consentida porque contrajo el covid-19 y no pudo ser intervenida.
Varias supuestas víctimas -que no están en la demanda y cuyos testimonios no pudieron ser corroborados- fueron devueltas a sus países tras denunciar los abusos médicos, según los abogados.
Los denunciantes señalaron que cuando las mujeres intentaron denunciar los hechos, las autoridades del centro iniciaron medidas «retaliatorias» para silenciarlas, incluyendo el confinamiento en solitario y amenazas varias. A una de ellas se le negó el acceso al teléfono, lo que implicó que perdió la custodia de su hija.
Las denunciantes indicaron que las autoridades del centro de detención saben desde 2018 de los abusos cometidos por Amin, pero mantuvieron la política de enviar a las mujeres a su consulta privada, fuera de la cárcel.
La presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, pidió en septiembre investigar las denuncias y varias comisiones legislativas indagaron sobre el centro.
La CIDH también expresó su condena ante las denuncias afirmando que «estos procedimientos no consensuados constituyen una violación al derecho a la seguridad de la persona, a la protección contra ataques abusivos a la vida privada y familiar».
