El Gobierno español aprobó este martes una propuesta legislativa que permite a partir de los 14 años cambiar de sexo en el registro civil con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con la necesidad de informes sanitarios y de tutelas médicas y legales para proceder a tal modificación.
«Pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI», argumentó la portavoz del Ejecutivo, la socialista María Jesús Montero, en conferencia de prensa, al referirse al anteproyecto de ley, que debe pasar una serie de trámites de consulta antes de ser remitido al Parlamento para su votación.
La norma ha sido objeto de discrepancias y dura negociación durante meses entre los socialistas y los izquierdistas de Podemos, que gobiernan en coalición, y de críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el «borrado de las mujeres».
«Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llega ninguna», respondió Montero a esos reproches, y subrayó que España «hace historia» con esta legislación.
El anteproyecto dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el registro civil, mientras que a partir de los 14 cualquier persona podrá hacerlo con un trámite administrativo.
De esta manera, la voluntad de la persona será el único requisito para tal modificación registral, y se acaban así los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
Este fue uno de los principales puntos de fricción entre los socios de gobierno, que finalmente acordaron permitir el cambio de sexo y nombre de la persona que lo solicite en el registro civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos.
La propuesta legislativa, a la que se oponen los conservadores y la extrema derecha, establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley. Quienes hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo, y solo una vez.
La ley dejará de considerar enfermas a las personas trans y, además, se prohibirán las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.
«Es un paso de gigante» en el avance de los derechos de las personas trans y LGTBI, insistió Montero.
Según la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), se demuestra la «fortaleza» del Ejecutivo de coalición con este anteproyecto; y se felicitó porque, a pesar de las diferencias, se ha conseguido hacer políticas «que mejoran la vida de la gente y amplían las oportunidades de felicidad de millones de personas».
El movimiento LGTBI celebra la ley, aunque lamenta que deje fuera a las personas trans migrantes y a las no binarias -que no se perciben totalmente como hombre o mujer y prefieren identificarse con un tercer género o ninguno.
