La sección cuarta del Tribunal Constitucional decidió elevar el caso al Pleno por la relevancia del asunto. Los magistrados también valorarán la petición urgente de dejar sin efecto la medida mientras examinan el recurso.

La suspensión fue dispuesta por el Tribunal Supremo y afecta a personas nacionalizadas que no acrediten que sus antepasados fueron exiliados. La disputa se vincula con la interpretación de la norma aprobada en 2022.

El Defensor del Pueblo sostiene que la medida podría impedir el voto de ciudadanos españoles en las elecciones generales del 29 de noviembre. El Pleno prevé abordar el caso esta semana, pero aún no ha decidido si admitirá el recurso ni si concederá la petición cautelar.

Con información de 20minutos · España y diáspora.