El Parlamento italiano ha dado el primer paso en la tramitación de una ley que permitirá «la muerte voluntaria médicamente asistida» de enfermos, una forma de eutanasia a la que se opone la derecha y que suscita un fuerte debate en el país.
El proyecto de ley que regula la potestad de un paciente de pedir asistencia médica para morir en base a determinadas condiciones fue aprobado este jueves por la Cámara de los Diputados y el texto pasará ahora al Senado.
Un total de 253 diputados votaron a favor -los del bloque progresista del Partido Demócrata, el Movimiento Cinco Estrellas y Libres e Iguales-, 117 en contra -la derecha con Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia- y una abstención.
Su próxima tramitación en el Senado será más complicada porque los partidos que apoyan el texto cuentan con menos escaños en esa Cámara, pero se espera el apoyo de parte del grupo mixto y de algunos díscolos de la derecha, que ayer también votaron «sí».
El proyecto de ley es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que estipuló que ciertas formas de eutanasia no son punibles, pronunciándose sobre un activista procesado por acompañar a un tetrapléjico, Fabiano Antoniani, a morir en Suiza.
En primer lugar, el texto permite que un paciente ponga fin a su vida con un medicamento y bajo la asistencia de personal médico, que no será punible legalmente (ni doctores, ni otro personal sanitario o administrativo que haya mediado en el proceso de suicidio).
El solicitante de la eutanasia deberá ser mayor de edad, mostrar capacidad de entendimiento y decisión y estar adecuadamente informado.
A nivel clínico, el paciente debe padecer una enfermedad irreversible y de «pronóstico infausto» que le provoque «sufrimientos físicos y psicológicos absolutamente intolerables», haber pasado un proceso de paliativos y ser mantenido en vida con tratamientos médicos cuya interrupción implicarían su muerte.
En cuanto al trámite para solicitar el suicidio asistido, el paciente deberá pedírselo al médico, que redactará un informe sobre sus condiciones físicas y psicológicas y lo remitirá a la dirección de Sanidad de la región a la que pertenezca.
Si el doctor decide negar al paciente esta posibilidad, amparándose en la objeción de conciencia, tendrá la posibilidad de recurrir a la justicia en el plazo de sesenta días tras la notificación de la negativa.
En noviembre pasado, un tetrapléjico de 43 años que lleva 10 inmovilizado en la cama se convirtió en el primer enfermo autorizado a ser sometido al suicidio médicamente asistido en Italia, aunque no fue hasta el mes pasado y tras 16 meses de batalla legal que las autoridades sanitarias le notificaron el fármaco que debía serle suministrado.
