La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) iniciar una investigación exhaustiva con respecto a las denuncias de irregularidades cometidas por 17 exfuncionarios en el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, se refirió al tema al ser cuestionado sobre las dos denuncias que la Corporación Aeroportuaria del Este ha depositado ante el PEPCA contra 17 exfuncionarios por haber cometido una serie de irregularidades en todo el proceso de aprobación de ese aeropuerto, como fue otorgarlo sin una licitación, en un tiempo récord y sin los estudios técnicos correspondientes, sólo con información amañada y parcializada de la parte interesada.
“Nosotros como entidad de la sociedad civil hacemos un llamado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a que obtempere a darle curso a estas denuncias y se establezcan las responsabilidades de lugar”, señaló.
Calificó como sospechoso que se hayan otorgado los permisos de operación de este aeropuerto en un tiempo récord, ya que “se puede advertir que el período para la entrega de un permiso de explotación de operación de una obra de esta naturaleza, debe hacerse en un tiempo razonable y, sobre todo, haciendo todos los análisis pertinentes”.
“Por ello, entendemos que debe el PEPCA darle respuesta efectiva a lo que ha sido la presentación de esta denuncia y que se establezca la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que, teniendo en sus manos el otorgar los permisos correspondientes, lo haya hecho de manera irregular”, enfatizó.
De la Rosa Tiburcio lamentó que el Ministerio Público aún no haya dado respuesta a las dos denuncias presentadas formalmente ante el PEPCA.
“Es muy lamentable que el Ministerio Público no haya obtemperado ante la presentación de las denuncias hecha por una entidad moral que tiene a sus representantes, quienes han hecho las diligencias pertinentes y aún no se les haya dado respuesta. Y sobre todo porque comprende una práctica de corrupción en el sentido de que la prevaricación, que es el ejercicio de favorecer a alguien de manera particular cuando el deber del funcionario es proteger los intereses colectivos de toda la sociedad en sentido general”, apuntó.
Manifestó que, desde que inicie la investigación, corresponde al Ministerio Público establecer responsabilidades de manera individual pues recordó que en materia penal la responsabilidad penal es individual y por ello debe llamarse a indagatoria a cada uno de los servidores públicos que tuvieron que ver con la autorización de operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Expresó que el Ministerio Público está en la obligación de iniciar toda investigación que conduzca al esclarecimiento de la comisión de un crimen o delito, incluso sea por el simple rumor público o porque se haya apoderado de oficio al tomar conocimiento de la comisión de un ilícito penal, y en este caso ya pesan dos denuncias por corrupción.
En las denuncias depositadas por la Corporación Aeroportuaria del Este se solicitó a la PEPCA investigar a los 17 exfuncionarios por la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución y otros delitos sancionados por el Código Penal. También por otorgar bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, de conformidad y no objeción, sin licitación previa, y promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito con relación a la construcción de un aeropuerto en el municipio Bávaro, provincia La Altagracia.
ADOCCO es una asociación sin fines de lucro que busca promover la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado y tiene entre sus objetivos denunciar los actos de corrupción en las instituciones públicas, así como en las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos.
También, promover la despolitización de la Cámara de Cuentas; exigir la rendición de cuentas a los funcionarios y autoridades; y presentar ante la Procuraduría General de la República, Procuradurías Fiscales y Tribunales judiciales del país el sometimiento de los sospechosos de incurrir en actos de malversación de los recursos del erario nacional.
