La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó las acciones que se llevan a cabo para dotar a la República Dominicana de una nueva Ley sobre Trata de Personas para combatir de manera más eficiente las diferentes modalidades de esa actividad ilícita.
La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público expresó que “la trata de personas es un delito grave y en República Dominicana se está en estos momentos en una discusión de una propuesta que se ha hecho para la modificación de la Ley de Trata en vista de que la ley que tenemos vigente tiene 20 años”.
“En 20 años los delitos van cambiando, las nuevas modalidades de la delincuencia y el cibercrimen”, sostuvo, tras advertir sobre la importancia de contar con una nueva norma para enfrentar esas nuevas formas de la actividad criminal.
“Desde el Ministerio Público y la gestión de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, estamos comprometidos con impulsar la reforma y con dotar a República Dominicana de una nueva ley, mucho más abarcadora”, subrayó.
Reynoso se refirió al tema al responder preguntas de periodistas de varios medios de comunicación que la entrevistaron en el transcurso del diálogo: “Hacia una nueva legislación en materia de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”, realizado en el Hotel Crowne Plaza del Distrito Nacional.
“Se debe crear una ley, sobre todo, que no considere a las víctimas como un objeto o como una parte pasiva del proceso, y por eso es tan importante y agradecemos a Participación Ciudadana impulsar una actividad como esta”, sostuvo, al hacer referencia al encuentro organizado por esa entidad, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (PETT) y la Coalición de Organización de la Sociedad civil contra la Trata de Personas.
La representante del Ministerio Público dijo también que el impacto de la pandemia ha hecho necesario una nueva ley para combatir este terrible delito.
Dijo que, tanto en los casos de víctimas de trata como las víctimas de violencia de género, los efectos del mismo delito los llevan a tener que proteger a las víctimas de ellas mismas porque las secuelas de esos delitos muchas veces dejan a las víctimas en condiciones en las que el Ministerio Público necesita ofrecerles protección especial.
En ese sentido, dijo que en el Caso Cattleya, como en otros, están haciendo lo necesario para que las víctimas, por los medios que las leyes disponen, puedan asistir al proceso, aún sea estando en el extranjero.
Enfatizó en que las víctimas de esos delitos tienen mucho temor y son amenazadas lo que les obliga a tomar medidas de protección adicionales.
Durante el encuentro la procuradora adjunta dijo que una de las propuestas que hace el Ministerio Público es reforzar el sistema de derecho y de garantías sobre las víctimas.
De su lado, Yoanna Bejarán, titular de la PETT, dijo que hoy más que nunca se hace necesario la modificación a la ley especializada contra estos flagelos que, en el caso de la trata, dijo que lacera la dignidad de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres alrededor del mundo.
“Transcurridos más de 19 años de estar en vigencia la Ley 137-03 es más que necesario a través de una visión integral, holística y comprometida, que, sin más dilaciones, nos aboquemos como país a la modificación de una ley que cumplió con su cometido, ya, realmente, resulta desfasada”, manifestó, tras indicar que los criminales se mantienen en constante innovación a través del uso de la tecnología.
Resaltó que buscan crear una ley con una visión integral y definida de lo que es la persecución penal estratégica de esos delitos, la cual incluirá una herramienta que le permitirá al Estado disponer de recursos que, genera la autosuficiencia de las instituciones responsables, para poder perseguirla.
El encuentro
El encuentro fue realizado con el propósito de seguir aunando esfuerzos para que la República Dominicana pueda contar con un marco jurídico que fortalezca la prevención, persecución y sanción a un delito que lacera la dignidad humana como lo es el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana.
Abreu indicó que es de suma importancia aumentar la conciencia pública sobre las violaciones de los derechos fundamentales causado por el delito de trata de personas.
“Sigamos construyendo alianzas para acabar con este flagelo en la República Dominicana, contamos con todos y todas ustedes para impulsar la aprobación del anteproyecto que enviará al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, esperamos que el mismo pueda ser aprobado y que tomen en cuenta todos los aportes hechos por las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, para poder contar con un marco jurídico acorde a estos tiempos”, expresó en su intervención.
Las organizaciones participantes de este diálogo señalaron que urge modificar la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, ya que la ley actual no protege eficazmente a las víctimas de este delito.
Entre las recomendaciones realizadas se encuentra la creación de fondos especiales para la prevención, persecución y atención de víctimas. “Actualmente quien paga por servicios sexuales producto de Trata de Personas no tiene consecuencia legal, y la nueva Ley 137-03 contempla responsabilidad al cliente de estos servicios, por ser cómplice”, señalaron.
Otros de los avances que tendría esta la Ley 137-03 sobre Trata de Personas es que crearía una institución que brinde asistencia legal, médica, social y terapéutica a las víctimas, y también educaría a la población para prevenir el delito. La actual Ley no concientiza sobre el tema.
Los presentes reconocieron el trabajo que actualmente está realizando la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas, por el golpe que se le dio a la delincuencia organizada con la operación Cattleya, tanto en el Distrito Nacional y Bávaro, donde se desarticuló una red transnacional dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual se rescató a más 80 mujeres.
