Accra.– Once de los 14 migrantes deportados por Estados Unidos a Ghana presentaron demandas contra el Estado africano, al alegar que continúan retenidos pese a que el Gobierno aseguró haberlos ayudado a regresar a sus países de origen.
Lo que piden los migrantes
El abogado Oliver Barker Vormawor informó de que sus representados —procedentes de Nigeria, Liberia, Togo, Gambia, Níger y Malí- han interpuesto dos recursos: uno para impedir su repatriación forzosa y un hábeas corpus para que sean llevados ante los tribunales.
La jueza del Tribunal Superior, Priscilla Dikro Ofori, aplazó la audiencia al 23 de septiembre, tras rechazar que se tramitara como solicitud ex parte durante la audiencia celebrada este viernes.
El presidente ghanés, John Dramani Mahama, declaró la semana pasada que los deportados —en su mayoría nigerianos— habían sido asistidos para regresar a sus países, y que un ciudadano gambiano fue remitido a la Alta Comisión de Gambia.
Por su parte, el ministro de Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, explicó que Ghana solo acepta recibir deportados de África Occidental en virtud del protocolo de libre circulación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y anunció que se espera la llegada de otros cuarenta deportados más en los próximos días.
«Nosotros aceptamos esto porque estemos de acuerdo con las políticas migratorias del presidente (estadounidense, Donald) Trump. No estamos haciendo un favor a Estados Unidos, estamos haciendo un favor a nuestros hermanos africanos».
Señaló Ablakwa en una entrevista con una cadena de televisión local.
«Les estamos ofreciendo refugio, esperanza y queremos que regresen a casa y que se sientan cómodos. Fue puramente por motivos humanitarios. No obtuvimos ningún beneficio económico».
La oposición del Nuevo Partido Patriótico (NPP) criticó al Ejecutivo ghanés por no someter al Parlamento el memorando de entendimiento con EE.UU..
- Ablakwa defendió que no se trata de un acuerdo formal que requiera aprobación parlamentaria, aunque miembros de la oposición advirtieron de que podrían demandar al Gobierno.
En 2016, Mahama ya fue cuestionado por aceptar a dos ciudadanos yemeníes deportados desde la prisión de Guantánamo, lo que derivó en un fallo del Tribunal Supremo que obliga a que todos los acuerdos internacionales pasen por el Parlamento
