El Ministerio Público depositó hoy la solicitud de medida de coerción en contra de Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera.
En el documento se describe el hecho, que según el órgano de justicia, fue motivado porque Jorge Mera no había autorizado la aprobación de unos permisos que el acusado había estado solicitando.
Por el caso las autoridades tienen bajo investigación a la empresa Aurum Gavia, S.A, en vista de que el acusado tenía documentos en originales en su poder con los que se solicitaban la importación de las baterías.
“La empresa había solicitado un permiso para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas, pero el mismo había sido rechazado pero lo habían reintroducido, las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran multiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada”.
Incluso, señala la investigación contra Miguel Cruz que el imputado había amenazado, hace menos de un mes, al consultor jurídico del Ministerio, Edilio Segundo Florián Santana.
En la página número cinco de la solicitud de medida de coerción, se describe que Cruz de la Mota accedió a la oficina del fallecido ministro y luego de unos minutos conversando, sin mediar ejecutó el plan de quitarle la vida a Jorge Mera.
Describe el documento que el ministro fue impactado seis veces, causándoles heridas a distancia y de contacto.
“Lo que evidencia que no se conformó con dispararle a distancia, sino que luego le hace disparos de contacto al cuerpo del mortalmente herido ministro Orlando Jorge Mera, lo que evidencia una conducta típica de un asesino frio y calculador”, destaca el órgano acusador en su solicitud.
Asimismo, detalla que en la escena del crimen se recogieron 13 casquillos. Seis de ellos impactaron en el cuerpo de Orlando Jorge Mera.
El Ministerio Público está acusado a Fausto Miguel Cruz de utilizar un arma ilegal para cometer el crimen, lo que complica la situación judicial del imputado.
Así lo informaron personas allegadas a la investigación. De acuerdo a la norma, si en un juicio de fondo, un tribunal encuentra a Cruz culpable del hecho usando un arma de fuego ilegal, entonces enfrentaría una pena de 40 años de prisión.
