Los imputados en la Operación Falcón crearon una organización criminal trasnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago, así lo estableció el Ministerio Público a través del documento de solicitud de medida de coerción.
El documento establece que estos portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas pava uso de policías y militares como es el caso de fusiles.
Igualmente, el escrito dice que traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando hilás de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.
Asimismo, colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, Cincas, ganados, relojes cotosos, entre otros, dice la solicitud de medida de coerción.
Por otro lado, el MP explicó que transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras. Los imputados trataban de darle apariencia legal a sus negocios a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de SG origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.
El escrito de solicitud de medida de coerción dicta que integraron gran parte de los capitales ilícitos en el mercado con la finalidad de crear una serie de estratos y así complicar la tarea de determinar la manera en que el dinero ingresaba a la economía legal o la forma en que se dispuso de ellos.
Los acusados invirtieron dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, pava lo cual se compran conciencias, lealtades e impunidad, explica el expediente del MP.
También financiación campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, etc., con el objetivo de tener incidencia y poder, según el documento.
El expediente dice que “fundaron una organización criminal que tiene todas las agravantes que el legislador ha considerado para la conducta típica de lavado de activos, a saber: participación como estructura criminal organizada, la organización está integrada por decenas de personas, algunos ostentaron cargos públicos, entre otras agravantes del tipo”.
El Ministerio Público narró igual que estos detallaban sus operaciones criminales a través de conversaciones en aplicaciones telefónicas que estaban legalmente intervenidas.
En ese sentido, la solicitud de medida de coerción dice que evadían la persecución penal, de las autoridades llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos; por igual, salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de tener imputaciones graves.
Por lo que las autoridades consideran que establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.
Estos fueron ayudados por sujetos obligados que obviaron su rol para ponerse al servicio de la estructura criminal, entre los cuales se destacan abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados, dice el MP en el expediente de solicitud de medida de coerción.
Igualmente, adquirieron la totalidad de las propiedades de algunos servicios, como el caso de las estaciones de combustible del municipio de Miches, según el documento.
Además de las operaciones que hacían en el sistema financiero regulado, manejaban millones de dólares en efectivo: (eran utilizados para financiar sus operaciones ilícitas.
Asimismo, según el expediente, amenazaban e intimidaban a personas contra quienes cometieron delitos, para evitar que se querellaran creando una especie de poder paralelo en el que tenían más autoridad, en algunos sectores, que las autoridades legítimas.
“Intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad legislativa de un diputado que trasportaba a un extraditable, intentando eludir el cerco de la persecución”, dicta el documento.
El escrito establece que utilizaron múltiples vehículos societarios con fachadas de empresas lícitas y efectivamente colocaron miles de millones de pesos en el sistema financiero a través de operaciones diversas, pero todas con la ilicitud de la procedencia de los fondos, como característica general que le es común.
El Ministerio Público pidió este viernes 18 meses de prisión preventiva para los imputados en el caso Falcón y que sea declarado complejo por el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago.
