El investigado del caso Medusa Javier Alejandro Forteza Ibarra es considerado el presunto principal responsable de la adulteración y formateo de la información de los departamentos administrativos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la orden de allanamiento de la PEPCA, Forteza, quien era el director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, es acusado de, en 20 de febrero de 2020, eliminar de manera intencional la base de datos de los servidores y de encriptar la data de estos, así como de los backup conectados en línea.
Forteza Ibarra supuestamente formateó la data de información de los departamentos administrativos del portal web de la institución. También eliminó del correo del dominio pgr.gob.do, la información sobre los datos y los usuarios fiscales y personal administrativo, la base de datos de la Dirección de Prisiones, Departamento de Extradiciones, Control de Evidencias y Bienes Incautados, Contabilidad, Tesorería, Transportación y Activo fijo, entre otras.
De acuerdo con la orden de allanamiento, a raíz del inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto de 2020, la actual procuradora Miriam German Brito dio cuenta de una compra a la compañía Aldelay Groupe S.R.L por RD$3,974,156.76 por un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidrone, los cuales supuestamente habría entregado el director del DTIC al despacho de la Procuraduría, un 12 de agosto de 2020. Sin embargo, según la Pepca, no hay registro oficial ni físico de la compra de estos aparatos.
El acusado habría creado un acceso ilícito en el sistema informático de la PGR, el cual se llama “Keyloggger” para poder monitorear de forma remota y desde cualquier lugar las computadoras utilizadas en áreas administrativas y por loas fiscales. Con esto lograría la tomar el control de las informaciones de los procesos penales, así como borrar lo almacenado en los discos duros.
En este sistema informático se encuentra el nombre de Ney Ernaldo Caccavelli, quien desempeñaba el cargo de seguridad información del DTIC, quien es acusado de tener una participación directa en la creación de este acceso ilícito.
Según la testigo Raineiry Medina, Ibarra fue el encargado de borrar las informaciones de la base de datos del área del almacén de la institución.
La alteración, borrado y eliminación de datos en los servidores, la eliminación y alteración en la base de datos, en los sistemas y programas informáticos y discos duros se encuentran tipificados en las normas contenidas en los artículos 5, 6, 10 párrafo y 11 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
De igual manera, la presunta conducta delictiva asumida por el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra encuentra alcance normativo de carácter internacional , contenidas en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, de fecha 23 de noviembre de 2001, vigente en la Republica Dominicana, la cual define el fraude informático como: «Actos deliberados e ilegítimos que causen perjuicio patrimonial a otra persona mediante: a. la introducción, alteración, borrado o supresi6n de datos informáticos , b. cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, con la intención dolosa o delictiva de obtener, de forma ilegitima , un beneficio econ6mico para uno mismo o para otra persona».
Por otro lado, según este documento, Ibarra también realizó procesos de contrataciones para capacitación y cursos especializados para el personal administrativo que labora en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, los cuales, aseguran, no fueron impartidos.
