El Gobierno insiste en que este estado de alarma no tiene que nada que ver con el de marzo: no hay confinamiento domiciliario y las principales decisiones recaen sobre las autonomías.
Hay un párrafo en el preámbulo del Real Decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Gobierno que resume el espíritu del texto: «Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas medidas».
La «autoridad delegada competente» son los presidentes de los gobiernos autonómicos, es decir: son ellos los que van a tener la última palabra sobre toques de queda, limitaciones de reuniones y confinamientos perimetrales. Lo único que hace el BOE de este domingo es habilitarles legalmente para tomar esas medidas sin mirar de reojo a la temida sombra de los jueces, que en reiteradas ocasiones han echado por tierra las medidas regionales por violar algún derecho fundamental.
Ahora los Urkullu, los Ayuso y los otros 15 presidentes de comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla) tienen ‘carta blanca’ para adoptar cualquier medida restrictiva y parecen estar conformes con la decisión del Gobierno. Valga como prueba la reacción del presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, mostrando ahora «lealtad y mano tendida» al Gobierno. El gobierno además acepta de buen grado todas las medidas que hasta ahora han adoptado las comunidades, incluidas las zonas básicas de salud de Madrid, «intocables» para la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Votación en el Congreso
Habrá que esperar a este lunes para ver cuál es la postura del líder popular Pablo Casado ante la votación de la prórroga del estado de alarma, que el Gobierno quiere validar esta misma semana en el Congreso. Pedro Sánchez llamó al líder popular por teléfono este domingo en «una conversación cordial», según ha confesado el propio presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez otorga así un estado de alarma ‘a la carta’ a las regiones después de la avalancha de peticiones de líderes regionales que recibió este pasado viernes. Pero esa ‘concesión’ no es gratis: el Gobierno quiere que sólo haya una prórroga al estado de alarma y que dure hasta mayo: es decir, que no tenga que buscar el apoyo parlamentario cada quince días como ocurrió en mayo -se renovó hasta en seis ocasiones-. Y parece que ese apoyo está garantizado, también por la líder de Ciudadanos, aunque a Inés Arrimadas no le agrada la delegación en las comunidades y pide un mando centralizado.
Así que, como insisten fuentes del Gobierno, este estado de alarma «no tiene nada que ver con el de marzo». Aquél decretaba un confinamiento domiciliario; éste habilita a las comunidades a decidir las medidas más oportunas (si bien se insiste que siempre en coordinación con el Ministerio de Sanidad). Los expertos que asesoran al Gobierno dicen que seis meses es el tiempo mínimo para terminar de doblegar la curva, pero el Gobierno confiesa que espera que las medidas den frutos antes de Navidad.
