Según el informe, el 6 de junio de 2019 Edeeste firmó con SENASE un contrato de servicios de seguridad privada por RD$254,778,048, para el período del 3 de junio de 2019 al 3 de junio de 2022. Los auditores señalan que «se observó que se realizaron adendas por un monto de RD$216,717,501 a un contrato vencido»: las cuatro adendas se firmaron después del vencimiento del contrato original.
La ley de compras y contrataciones (Ley 340-06, artículo 31) establece que, en la contratación de servicios, la entidad «podrá modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%)». Según el informe, las adendas alcanzaron el 85 % del valor original, frente al límite del 50 % citado por los auditores. La Cámara sitúa el exceso en RD$89,328,477 y, por ese hallazgo, ve indicios de responsabilidad penal.
La Cámara también observó 58 expedientes de pago con documentación incompleta, por el monto de RD$481,612,003. La falta de documentos de respaldo señalada por los auditores no equivale a afirmar que los servicios no se prestaron. Además, el informe no presenta esos montos como partidas independientes que deban sumarse para calcular un perjuicio económico total.
En su réplica del 18 de septiembre de 2026, el gerente general de Edeeste, Emilio Contreras Hernández, expresó: «Durante el período comprendido entre 2019 y hasta septiembre de 2024, EDEESTE no se encontraba habilitada para el registro de sus Contratos en la Contraloría General». Tras analizar las respuestas de la entidad, la Cámara mantuvo sus hallazgos.
Como contexto externo a la auditoría, las contrataciones de SENASE también están relacionadas con la Operación Lobo. El Ministerio Público presentó una acusación por presuntos sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad en instituciones públicas, incluida Edeeste.
La Cámara de Cuentas plantea que «se remitan los resultados de esta fiscalización al Ministerio Público». Las conclusiones deben atender a la individualización de las responsabilidades y no constituyen una sentencia penal. Además, recomienda «la elaboración de un Plan de Acción Correctivo, en un plazo de veinticinco (25) días hábiles», contados desde la notificación del informe.
Fuente: Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Fuentes de contexto: Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Acento, Presidencia de la República Dominicana.
Con información de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la Presidencia de la República Dominicana y Acento. Voz sintética basada en un locutor del equipo de El Expresivo, con su permiso.
