El texto señala que el CIC solicitó información al Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), al amparo de la Ley 200-04, sobre las gestiones para preparar y remitir expedientes incluidos en la Ley 16-26 a la Comisión Ejecutora.
Según el artículo, el INAVI respondió que la solicitud debía dirigirse a su administrador general, acreditar la representación legal del comité y limitar las preguntas a dos expedientes identificados en un anexo.
La opinión sostiene que el comité no pidió validar ni cobrar deudas en nombre de sus integrantes, sino conocer las actuaciones administrativas de la institución. También afirma que los contratistas esperan entre 14 y 32 años por pagos de trabajos realizados para el Estado.
El artículo agrega que el CIC solicitó información a diez instituciones públicas y reclama datos sobre expedientes remitidos, documentos pendientes y medidas adoptadas.
Con información de Al Momento.