La Ley 631-16 establece que las armas de guerra se remitan a una dependencia de las Fuerzas Armadas. Las de uso civil pueden ir al depósito del Ministerio de Interior y Policía si no se ha dispuesto su destrucción o confiscación.

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Que un arma sea ocupada durante un operativo no significa que ya haya sido decomisada definitivamente. Para ello, la resolución citada en el reporte establece que debe existir una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada; mientras tanto, puede permanecer vinculada a una investigación.

La regulación contempla que armas bajo custodia estatal se asignen a policías y militares designados para seguridad en instituciones públicas, si cumplen las condiciones establecidas. También prevé la destrucción del armamento y la conservación de ejemplares para investigaciones científicas.

En 2024, las autoridades retuvieron 6,397 armas de fuego, de acuerdo con un balance divulgado por la Presidencia de la República.

Con información de Noticias N Digital.