El mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, uno de los imputados en el caso que también envuelve el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, tiene una fortuna ascendente a mas de 200 millones de pesos, obtenidos de forma ilícita, según las acusaciones del Ministerio Público.
Durante la audiencia del conocimiento de medida de coerción a los imputados del caso Coral, el Ministerio Público aseguró que Girón, siendo programador de nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y Encargado de tecnología del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), devengaba un salario de 250 mil pesos y un patrimonio ascendente a más de 200 millones de pesos.
Dentro de sus bienes se registran cuatro vehículos relacionados, de los cuales se encuentran dos teslas del año 2020 y del 2019; dos Jeep Grand Cherokee 2016 y una Ford Explorer 2016 y 12 inmuebles “mega infraestructuras”.
El fiscal Miguel Collado sostuvo que su participación en la red de corrupción creada por Adán Cáceres era vital para llevar a cabo las operaciones, pues utilizaba sus funciones y conocimientos para lograr trasferencias a cuentas bancarias que luego caerían en forma de depósitos a la estructura del general Cáceres.
Manifestó que solo el mayor Girón Jiménez realizó 123 transacciones RTE, es decir que provocaron alertas en las entidades financieras por un valor de 122 millones de pesos.
“Será que a nosotros nos tocó trabajar en una profesión no dicha», indicó el fiscal. «La participación del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez era clave para completar la maniobra fraudulenta que concurrieron los imputados en este entramado militar, societario, financiero y religioso”, agregó.
A Girón Jiménez también se le atribuye realizar compras de inmuebles a nombre propio y suscribir préstamos ficticios a miembros del entramado, como es el caso de la imputada Rossy Maybelline Giumán (La Pastora).
Durante el conocimiento de medida de coerción, el Ministerio Público reveló que ocupó un servidor de última tecnología al imputado con capacidad de 60 terabytes, el cual contiene información confidencial de los cuerpos castres del Estado dominicano y cuyo valor ronda los 16 millones de pesos.
