La magistrada Rosalba Ramos mostró su preocupación por el auge que ha alcanzado en el país los delitos de alta tecnología, los cuales generan más recursos que el narcotráfico, con el agravante de que existe mucha impunidad con ese ilícito penal.
Dijo que conforme se ha incrementado el uso de la tecnología por las actividades virtuales que han sustituido a las presenciales como consecuencias de la pandemia del Covid, ese delito ha crecido bastante.
“Cuando comencé a investigar me horroricé al ver las cantidades de dinero que mueve ese delito, ya de manera general, porque cuando a ti te hablan del narcotráfico tu te asusta, igual que cuando se habla de homicidio, pero el delito de alta tecnología suena interesante y hasta inteligente, pero tiene mucho dinero, mucho más que el narcotráfico”, explicó la fiscal del Distrito Nacional al ser entrevistada en el programa televisivo D’ Agenda.
Ramos puntualizó que es un delito que tiene altos niveles de impunidad, lo que incentiva a los delincuentes que se dedican a esa práctica a extender sus fechorías.
“peor aún, la tasa de judicialización es casi nula, es decir, es exorbitante lo que estamos hablando, porque estoy ganando dinero, y no me están procesando”, lamentó.
Sostuvo que la fiscalía que dirige no está procesando esos delitos porque no cuenta con los elementos de pruebas suficientes, entre ellos está la misma víctima.
“Porque la víctima, luego de que pasó por ese mal momento, no quiere pasar por la fiscalía, cuando se trata de extorsión, es decir cuando tienen fotos íntimas, las personas no quieren judicializar por no ver sus fotos en un tribunal”, detalló.
La funcionaria del Ministerio Público dijo que a pesar de que la ley protege a la víctima, y que se puede ir a un juicio a puerta cerrada donde solo estará el juez y las partes, las personas no quieren correr ese riesgo.
“Porque una foto, donde tu ha caído en el desliz de mandar una foto de una parte íntima, ya lo que tú quieres es borrar eso, pagar la extorsión, y olvidar el caso”, sostuvo la fiscal.
Insistió en que la fiscalía está muy preocupada, porque si bien es cierto que no se puede obligar a la ciudadanía a denunciar, sin embargo, el no hacerlo da complicidad y permiso a esos delincuentes para que lo sigan haciendo y se continúen lucrando sin haber ningún nivel de consecuencias.
Precisó que el deber del Ministerio Público es que el ciudadano tenga la mayor cantidad de información para que pueda tomar decisiones, y está en la obligación de mantener el secreto de la víctima cuando se trata de extorsión por un tema de imagen íntima.
