ESPAÑA.- El Aeropuerto de Madrid-Barajas se enfrenta a una crisis sin precedentes debido a la afluencia masiva de solicitantes de asilo africanos, principalmente procedentes de Senegal. La situación ha llevado al gobierno español a implementar nuevos visados de emergencia y ha generado la retirada de la Cruz Roja en señal de protesta.
En las últimas semanas, cientos de inmigrantes irregulares han hecho escala en Madrid-Barajas, donde se encuentran hacinados en habitaciones y dormitorios, esperando solicitar protección internacional o enfrentarse a la deportación. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia condiciones críticas, incluyendo hacinamiento, insalubridad con plagas de chinches, acumulación de basura y colchones inflables en el suelo.
En enero, se registraron 864 demandas de asilo en este aeropuerto, superando la cifra total de 767 del año 2022. Organizaciones como CEAR y el sindicato policial SUP informan que el número de inmigrantes esperando en Barajas aumentó de 250 a entre 390 y 450 a finales de enero.
La situación ha llegado al punto en el que 17 personas lograron escapar recientemente rompiendo una ventana, mientras otras seis intentaron sin éxito huir por un falso techo, según fuentes policiales. La Cruz Roja, en una medida extraordinaria, se retiró la semana pasada del aeropuerto debido a la imposibilidad de llevar a cabo sus tareas de manera normal.
Los inmigrantes irregulares, provenientes también de Marruecos, Somalia, Mali, Kenia y Mauritania, eluden sus vuelos de conexión a países latinoamericanos sin visado y optan por solicitar asilo al llegar a Madrid, declarándose menores de edad y rompiendo su documentación.
Aunque el número de solicitantes de asilo ha ido en aumento desde el verano pasado, el incremento se ha vuelto exponencial desde finales de 2023. En diciembre, tres magistrados alertaron sobre las condiciones deplorables en las salas destinadas a estos inmigrantes, destacando la falta de salubridad, higiene, intimidad y escasez de comida.
El Defensor del Pueblo visitó el lugar el 19 de enero, instando al gobierno a garantizar los derechos de las personas concentradas en el aeropuerto. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados denunció la falta de condiciones dignas y exigió soluciones urgentes a las autoridades españolas.
Bajo la creciente presión, el Ministerio del Interior español abrió una nueva sala de espera, aumentando la capacidad en un 47%, y realizó desinfecciones para hacer frente a la proliferación de insectos. Además, el gobierno implementó nuevos visados de tránsito para senegaleses y kenianos, buscando frenar la afluencia.
España, siendo una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal en Europa, se enfrenta a una crisis humanitaria creciente. El año pasado, ingresaron ilegalmente al país 56,852 personas, un aumento del 82.1% en comparación con 2022, con llegadas récord a las Islas Canarias. La situación sigue empeorando, superando incluso los números de enero del año anterior.
